En medio del ingreso que el Gobierno hizo de proyectos relacionados con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo en Chile al Congreso, el rector de la U. para la Paz de la ONU, Francisco Rojas, de paso en Chile invitado por la Universidad del Alba, abordó la realidad latinoamericana del crimen organizado y advirtió que su combate requiere más inteligencia y capacidades policiales. También se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas.

El avance del crimen organizado, la aparición de nuevas formas de conflicto y el debilitamiento de las instituciones internacionales configuran, a juicio de Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, un escenario que obliga a repensar la manera en que los países enfrentan la violencia y construyen seguridad.

De paso en Chile invitado por la Universidad del Alba, lugar donde dictó una conferencia titulada “De la seguridad a la convivencia: por qué educar para la paz en el siglo XXI”, Rojas abordó el fenómeno del crimen organizado que afecta a todo el continente, advirtiendo que sus nuevas formas de operación están estrechamente vinculadas con fenómenos como la corrupción, el comercio ilícito y el lavado de dinero.

“Enfrentamos problemas nuevos, guerras de distinto tipo, guerras híbridas, en las cuales el crimen organizado entra, porque la corrupción abre oportunidades junto con el comercio ilícito que lava dinero, que permite el ingreso de armas y, por lo tanto, genera graves problemas de violencia”, señaló.

Algo que complementó Rafael Rosell, rector de la Universidad del Alba: “Vivimos tiempos extraordinarios. La humanidad posee más tecnología que nunca, más información que nunca, más capacidad científica que nunca, y sin embargo también enfrenta nuevas formas de violencia, polarización, intolerancia (…) Por eso necesitamos volver a conversar sobre convivencia, porque la paz no comienza en las cancillerías de los países, comienza en las salas de clases.”

Chile: debate por la agenda de seguridad

La visita en el país del titular de la casa de estudios de Naciones Unida coincide con la ofensiva del gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. Hace unos días se le dio curso a la “Operación Cancerbero”, referido al traslado de reos de extrema peligrosidad y líderes del crimen organizado a la cárcel La Laguna en Talca. Y, recientemente, el ingreso que hizo el ejecutivo de proyectos de ley contenidos en el marco de la llamada ACOT, la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo.

Al respecto, el rector de la Universidad de la ONU planteó que la respuesta frente al crimen organizado no puede centrarse exclusivamente en aumentar las penas o la cantidad de personas privadas de libertad. “La violencia del crimen organizado no se resuelve con más cárceles”, sostuvo, apuntando a la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y policiales.

A su juicio, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un papel de apoyo, pero no necesariamente asumir directamente las tareas de seguridad pública. “Se resuelve con más inteligencia, mejor actividad policial apoyada por las Fuerzas Armadas y no por Fuerzas Armadas en la calle, que no están preparadas para combatir el crimen organizado”, afirmó.

Para Rojas, además de las medidas inmediatas, el fenómeno requiere abordar sus causas estructurales y las redes internacionales que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Bachelet y el futuro de Naciones Unidas

El escenario internacional también fue parte de su análisis. Rojas sostuvo que América Latina debería tener un papel relevante en la próxima conducción de Naciones Unidas y planteó que, de acuerdo con una tradición no escrita, la próxima secretaria general debería provenir de la región.

En ese contexto, mencionó entre las posibles candidatas a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, junto a otras figuras latinoamericanas como Rebeca Grynspan y Patricia Espinosa.

“Cualquiera de ellas podría tener la capacidad de liderazgo para esto”, afirmó.

Sin embargo, Rojas advirtió que la elección no dependerá únicamente de las capacidades de las candidatas, sino también de la voluntad política de las grandes potencias, particularmente de los países que cuentan con poder de veto en el Consejo de Seguridad.

Según explicó, una eventual candidatura latinoamericana deberá enfrentar un escenario en que los intereses de las potencias pueden terminar determinando el futuro de la organización.

Una ONU debilitada frente a problemas globales

Las declaraciones sobre el futuro liderazgo de Naciones Unidas se producen, según Rojas, en medio de una crisis más profunda de la propia que vive la ONU.

“El derecho internacional, las normas, dejaron de ser la regla fundamental de la convivencia internacional. Lo que hoy día prima es la fuerza”, afirmó el rector, quien sostuvo que las Naciones Unidas enfrentan un proceso de debilitamiento de sus capacidades.

Rojas apuntó especialmente al funcionamiento del Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes cuentan con derecho a veto, una estructura que, a su juicio, puede impedir que la comunidad internacional adopte respuestas frente a conflictos y crisis globales.

A esto se suma, dijo, la necesidad de que los Estados cumplan con sus contribuciones financieras para garantizar que la organización pueda desarrollar sus funciones.

Pero pese a las críticas, descartó que Naciones Unidas pueda simplemente desaparecer sin que exista una alternativa. “Si desaparece Naciones Unidas, habrá que crear otra entidad”, afirmó.

“El mundo no puede dejar de tener un espacio de interlocución global para enfrentar los problemas globales. El cambio climático, lo que vemos hoy con las inundaciones, o los incendios de Europa, los temas de proliferación nuclear, no lo resuelve ninguna de las potencias (por sí solas). Es necesaria una acción conjunta de la humanidad”, explicó el rector.

Para Rojas, incluso el avance de tecnologías como la inteligencia artificial no sustituirá esa necesidad de cooperación. “La inteligencia artificial no nos va a resolver estos problemas”, afirmó. La respuesta, planteó, dependerá finalmente de la capacidad y voluntad política de los países para generar acuerdos y respuestas colectivas.

En ese escenario, el desafío no sería solamente combatir las nuevas expresiones de violencia, sino también fortalecer las instituciones capaces de coordinar una respuesta internacional frente a problemas que, por su propia naturaleza, ningún país puede resolver por sí solo.

● *Diversas industrias se unieron para contribuir al combate al comercio ilegal, el contrabando y las falsificaciones, advirtiendo que estos mercados son el motor financiero de otros delitos violentos.*

Esta mañana diversas industrias del sector privado se unieron para formar la primera *Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI)*, una iniciativa que busca articular una colaboración estratégica con las autoridades para reducir la oferta de productos ilegales y desnormalizar la compra de bienes en el comercio informal en Chile.

La creación de esta entidad responde a un diagnóstico crítico sobre el avance de la criminalidad y la pérdida de los espacios públicos. De acuerdo con el reciente informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, preparado por la Confederación de la Producción y del Comercio, las actividades ilícitas causan un daño al fisco valuado en aproximadamente US$ 1.500 millones al año, y el sector privado gasta casi US$ 2.700 millones para protegerse del crimen organizado.

Ante este escenario, empresas líderes de diversas industrias adoptaron una postura activa y de corresponsabilidad corporativa frente a una problemática que, señalan, afecta por igual a ciudadanos, empresas y al Gobierno, advirtiendo que el contrabando, el comercio ilícito y las falsificaciones se han convertido en los principales motores financieros de otras actividades ilegales.

Esta coalición está integrada por *BAT Chile, Duracell, Empresas SB, L’Oréal Groupe Chile y Penguin Random House Grupo Editorial*. Es presidida por *Arturo Alessandri*, abogado del estudio *Alessandri Abogados*, y busca impulsar iniciativas públicas bajo la premisa de que el sector privado desempeña un rol fundamental en el respaldo de la gestión gubernamental.

“Hoy, el entorno económico castiga a quienes cumplen las reglas y favorece una informalidad que alimenta financieramente a las bandas criminales, facilitando su escalada hacia otros delitos. Contamos con valiosos diagnósticos tanto sobre la merma de ingresos fiscales como sobre el costo del impuesto a la seguridad que debe pagar el sector privado. Buscamos ser un paraguas para compartir información y generar actividades apoyadas por la iniciativa privada, con el fin de encontrar soluciones conjuntas con el Estado, los entes fiscalizadores y la ciudadanía. Creemos que es momento de pasar a la acción”, señala Arturo Alessandri, presidente de la ANEI.

*Respaldo transversal*

El lanzamiento contó con la presencia de representantes del mundo privado, de la sociedad civil y del público, como el subsecretario de las Culturas y de las Artes de Chile, Carlos Lobos Mosqueira, quien instó a “los actores de todos los ámbitos a sumarse a este esfuerzo transversal y contribuir a una nación más segura para todos”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, agregó que: “Las empresas deben dar un paso al frente aportando datos concretos y experiencia práctica. ANEI permitirá hacer frente a un crimen organizado al que no podremos desarticular utilizando las mismas herramientas de siempre”.

Por su parte, Pilar Lizana, doctora en Gobierno y Administración Pública y miembro del consejo asesor del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), destacó el valor de la alianza: “El crimen organizado opera con lógica empresarial, busca maximizar rentabilidades y utiliza la violencia como herramienta de negocio. Las economías ilícitas crecen silenciosamente, alimentan este fenómeno y generan un enorme costo social y fiscal para Chile. Para derrotarlas, necesitamos comprender la naturaleza de esta amenaza y responder con una estrategia unificada entre los sectores público y privado. En esto, la creación de ANEI es un paso fundamental”.

*Propuestas gremiales*

La institución propone establecer una política de Estado que perdure más allá de los cambios de gobierno, con el fin de ser un aporte transversal para todas las administraciones.

Entre sus propuestas principales, se contemplan:

1. La formación de una *asociación público-privada* (ANEI) que reconozca al empresariado como un aliado estratégico en el combate a las economías ilícitas, capaz de aportar valor mediante herramientas como la cooperación en materia de información y tecnología. 2. Apoyar la creación de un *Sistema Nacional de Información Interinstitucional*, que actúe de manera independiente y guíe los esfuerzos público-privados. 3. *Unificar el discurso público sobre las economías ilícitas* con el fin de contar con una definición, una narrativa y acciones congruentes que terminen con la romantización de este fenómeno, especialmente en el comercio. 4. *Formalizar los mecanismos de cooperación público-privada* en materia de combate a las economías ilícitas para garantizar su continuidad y su evaluación constante. 5. Implementar un *sistema eficiente para la gestión de bienes incautados* que permita aplicar la destrucción temprana o reutilización social de los bienes decomisados, con el objetivo de liberar capacidad operativa en bodegas, juzgados y aduanas.