IncluCert es ejecutado por la Escuela Especial Renacer y la Agrupación Amigos de la Escuela Renacer, con recursos del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos 2026, y está dirigido a estudiantes del establecimiento.

Con la participación de estudiantes beneficiarios, sus familias, integrantes de la comunidad educativa, organizaciones sociales y autoridades regionales, se realizó en el Centro Cultural San Carlos el lanzamiento del proyecto “IncluCert”, financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) 2026 del Servicio Nacional de la Discapacidad.

La iniciativa, impulsada por la Escuela Especial Renacer y la Agrupación Amigos de la Escuela Renacer, busca fortalecer los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad, promoviendo su participación, el desarrollo de sus capacidades y la generación de mayores oportunidades dentro de la comunidad educativa y su entorno.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Alan Ibáñez, destacó que “este proyecto pone en el centro a los estudiantes con discapacidad de la Escuela Especial Renacer, reconociendo sus capacidades y generando nuevas oportunidades para su desarrollo y participación. A través de SENADIS estamos respaldando una iniciativa que surge desde la propia comunidad educativa y que responde a las necesidades concretas de sus estudiantes”.

Por su parte, la directora regional de SENADIS Ñuble, Cheril Quiroz León, señaló que “FONAPI nos permite apoyar proyectos construidos desde las comunidades. IncluCert refleja el compromiso de la Escuela Especial Renacer y de su agrupación de amigos por fortalecer la inclusión de sus estudiantes, articulando el trabajo del establecimiento, las familias y las redes que acompañarán su ejecución”.

El lanzamiento marcó el inicio formal de la ejecución de IncluCert y permitió reunir a los estudiantes beneficiarios con las instituciones y organizaciones involucradas en su desarrollo. Además, puso en valor el rol de los establecimientos educacionales y de las organizaciones de la sociedad civil en la creación de iniciativas que respondan a las necesidades de los estudiantes con discapacidad.

A través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, SENADIS financia iniciativas orientadas a promover la inclusión social, la participación y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, apoyando proyectos desarrollados desde las propias comunidades.

El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y dejó firme la pena de 541 días de presidio efectivo contra el acusado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

La Corte Suprema confirmó la condena contra Gustavo Adolfo Concha Neira, sentenciado a 541 días de presidio efectivo por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, cometido en febrero de 2024 en la comuna de San Carlos, Región de Ñuble.

En fallo dividido (causa rol 27.879-2025), la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, descartando vulneraciones al debido proceso durante el procedimiento policial que derivó en la detención.

El fallo estableció que la actuación de la policía se ajustó a derecho, señalando que el control de identidad y la posterior revisión del vehículo y vestimentas del imputado contaban con indicios suficientes. “No se observa arbitrariedad (…) al ceñirse los funcionarios policiales a la normativa legal que los rige”, consigna la resolución.

De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento se originó en el contexto de una investigación previa por tráfico de drogas que involucraba a otro imputado, quien mantenía una orden de detención vigente. En ese marco, funcionarios policiales fiscalizaron el vehículo en que ambos se trasladaban, conducido por Concha Neira.

Durante la revisión, se encontró droga en poder de los involucrados y en el interior del automóvil, incluyendo cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y otros elementos asociados al microtráfico, como una balanza digital y dinero en efectivo.

El tribunal concluyó que el hallazgo se produjo en situación de flagrancia, lo que justificó el actuar policial conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.

Asimismo, la Corte Suprema descartó los argumentos de la defensa respecto a supuestas falencias en la fundamentación de la sentencia, señalando que el tribunal de juicio oral analizó de manera clara y coherente las pruebas presentadas.

Con esta resolución, el máximo tribunal dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, cerrando el proceso judicial y confirmando la responsabilidad penal del acusado por un delito de microtráfico en la Región de Ñuble.

Tribunal de alzada rechazó recurso de nulidad y ratificó penas que incluyen más de 17 años de cárcel para el líder de la organización que operaba en Chillán, San Carlos y Parral.

La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó las condenas dictadas contra una banda criminal dedicada a cometer robos con violencia e intimidación, tráfico de drogas y delitos vinculados a armas de fuego, luego de rechazar el recurso de nulidad presentado por las defensas.

En fallo unánime (causa rol 64-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Guillermo Arcos, Claudio Arias y el fiscal judicial Solón Vigueras– resolvió mantener la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, ratificando las penas impuestas a los integrantes de la organización que operó entre agosto y octubre de 2024 en la ciudad de Chillán y en las comunas de San Carlos y Parral.

La resolución confirmó la condena más alta para Ronaldo Roberto Vilches Pizarro, identificado como líder de la banda, quien deberá cumplir 17 años y seis meses de presidio efectivo como autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de hurto simple. A ello se suman 7 años de presidio y una multa de 40 UTM por tráfico de drogas, 5 años y un día por asociación criminal, 4 años por tenencia ilegal de arma de fuego y 818 días de presidio por tenencia ilegal de municiones.

También se confirmó la condena contra Luis Israel López Zapata, quien fue sentenciado a 12 años de presidio por dos delitos de robo con violencia e intimidación y 4 años de cárcel por asociación criminal.

En tanto, Diego Esteban Lara Henríquez fue condenado a 3 años y un día de presidio por asociación criminal y 541 días de presidio como encubridor del delito de robo con intimidación.

Por su parte, el menor identificado con las iniciales J.I.R.U. recibió una sanción de 3 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, además de 2 años de libertad asistida especial, como coautor de dos delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de hurto simple.

Una estructura criminal organizada

En su resolución, la Corte descartó los argumentos de las defensas que sostenían que no existía una asociación criminal.

“Se acreditaron al menos cuatro hechos delictivos sucesivos (…) Esta reiteración delictiva bajo un mismo modus operandi demuestra fehacientemente que no se está frente a una coautoría ocasional, sino ante una estructura que sobrevivía a cada ilícito, lista para el siguiente”, sostiene el fallo.

El tribunal explicó además que la diferencia entre coautoría y asociación criminal radica en que esta última implica la existencia de una organización destinada a cometer delitos, lo que genera un riesgo permanente para la sociedad.

Roles dentro de la banda

Durante el juicio se estableció que los acusados integraban una estructura criminal con funciones definidas.

El líder era Ronaldo Vilches Pizarro, encargado de organizar los delitos y asignar funciones dentro de la banda. Luis López Zapata cumplía un rol operativo facilitando el vehículo utilizado para movilizarse en los atracos.

El menor J.I.R.U. tenía un papel activo en la intimidación a las víctimas, participando en los robos de vehículos y en la posterior venta de equipos tecnológicos sustraídos.

Por su parte, Diego Lara Henríquez actuaba como receptor de los equipos robados, los formateaba y coordinaba puntos de encuentro para la banda desde su local comercial Servicell, ubicado en la ciudad de San Carlos, además de advertirles cuando la policía realizaba búsquedas.

Violentos robos en distintas comunas

Entre los hechos acreditados se encuentra un robo ocurrido el 16 de agosto de 2024 en la villa Emmanuel de Chillán, donde las víctimas fueron abordadas con armas de fuego. Los delincuentes apuntaron directamente al rostro de una de ellas, la empujaron fuera del vehículo y golpearon al conductor antes de huir con el automóvil.

Al día siguiente, el 17 de agosto, la banda volvió a atacar, obligando a otras víctimas a descender de su vehículo para sustraerlo junto con diversas especies.

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2024, dos de los acusados robaron una camioneta en la comuna de Parral aprovechando que su propietario la había dejado con las llaves puestas mientras realizaba compras en un local cercano.

Una semana después, el 14 de septiembre, los delincuentes perpetraron otro violento robo en la misma comuna, intimidando a un conductor con un arma de fuego, golpeándolo en la cabeza y escapando con su automóvil.

El último hecho se registró el 17 de octubre de 2024, cuando la policía ejecutó una orden de entrada y registro en un domicilio de Vilches Pizarro en San Carlos. En el lugar se encontró droga en su poder y posteriormente, en un local comercial de su propiedad, se incautó cocaína, un revólver y municiones, sin contar con autorización legal para su tenencia.

Con la decisión de la Corte de Apelaciones de Chillán, las condenas quedaron firmes, ratificando la responsabilidad penal de los integrantes de esta organización criminal que operó en distintas comunas del centro sur del país.