La fiscal de Chillán, Maritza Camus Vega, obtuvo la prisión preventiva para Bryan Tapia Moya (22) y para Martín Riffo Morales (19), y el arresto domiciliario total para el adolescente B.I.R.G (16), quienes fueron formalizados por dos delitos de robo con intimidación cometidos en Bulnes y en Chillán. En ambos casos actuaron con un arma de apariencia de fuego y en uno de ellos, incluso, dispararon para intimidar a una víctima, sin que, afortunadamente, ésta resultara herida.

La fiscal explicó que a las 10:30 horas de ayer miércoles, el grupo llegó hasta una verdulería del sector Santa Clara, en Bulnes, donde tras intimidar con el arma y un fierro a la dueña del local le sustrajeron 70 mil pesos y su celular. Fue en este robo, donde, incluso, percutaron dos tiros para asegurar su cometido.

Luego, a las 12:30 horas, en el sector Colonia Bernardo O´Higgins, en Chillán, asaltaron un minimarket. En este lugar repitieron la acción, pero además golpearon con el arma a una clienta en la cabeza, a quien le robaron un monedero. A la dependiente del negocio le sustrajeron su cartera y la caja recaudadora.

Los antisociales huyeron en un vehículo que fue interceptado por Carabineros a la altura del kilómetro 410 de la Ruta 5 Sur, lográndose la detención de los tres autores de estos delitos.

La fiscal Maritza Camus expuso en la audiencia de formalización que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva para los adultos. En el caso del adolescente, quedó privado de libertad en el domicilio que fijó.

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía, la que se realiza con Carabineros.

La Directora Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Virginia Alvayay, sostuvo un saludo protocolar con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán, ministra Paulina Gallardo, instancia que permitió abordar materias vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes en la Región de Ñuble.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron en torno a los desafíos asociados a procesos judiciales en materias como adopción y acogimiento familiar, destacando el rol del Poder Judicial en la restitución de derechos y en la generación de entornos protectores para la niñez y adolescencia. Asimismo, se relevó la importancia de fortalecer la articulación interinstitucional frente al aumento de ingresos a residencias de protección.

Al respecto, Alvayay señaló que “esta reunión fue una valiosa oportunidad para compartir con la nueva presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán la realidad que observamos en Ñuble en materia de protección. Detrás de cada causa existen historias profundamente significativas para niños, niñas y adolescentes, así como para sus familias”.

“Como Servicio, creemos que la articulación con el Poder Judicial es fundamental para fortalecer la respuesta frente a situaciones de vulneración de derechos, contribuyendo a su reparación y restitución. Estos espacios de diálogo permiten relevar la importancia de situar siempre en el centro el bienestar de la niñez y adolescencia”, precisó Alvayay.

La instancia fue valorada como una oportunidad para compartir visiones sobre el funcionamiento de la Red de Protección en Ñuble, destacando la relevancia de avanzar en respuestas integrales y en la consolidación de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes.

La imputada fue formalizada por 21 delitos y, según la Fiscalía, integraba una organización que operaba en varias regiones utilizando cheques sin fondos para apropiarse de vehículos.

Una verdadera red delictual dedicada a engañar a vendedores y compradores de vehículos en distintas regiones del país quedó al descubierto tras la formalización de una de sus integrantes, quien fue enviada a prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de Chillán.

Se trata de Úrsula Astete San Martín, imputada por 21 delitos de estafa reiterada, uso malicioso de instrumento privado mercantil y asociación delictiva, en una investigación liderada por la Fiscalía de Chillán junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Metropolitana.

Según expuso en audiencia la fiscal (s) Valentina Hormazábal, la banda operaba con un mecanismo tan simple como fraudulento: contactaban a vendedores de vehículos, simulaban compras y pagaban con cheques sin fondos, robados o de cuentas cerradas. Luego, revendían esos mismos automóviles a nuevas víctimas, quienes pagaban en efectivo creyendo estar frente a una transacción legítima.

El esquema delictual se replicó en diversas ciudades del país, entre ellas Chillán, Ovalle, Talca, San Javier, Valdivia y distintas comunas de la Región Metropolitana, donde al menos seis imputados cumplían roles definidos para concretar las estafas.

Para el Ministerio Público, la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la medida cautelar más gravosa.

Tras la audiencia, la mujer fue trasladada hasta la cárcel de Temuco, ciudad donde mantiene residencia, mientras se desarrolla la investigación, que tendrá un plazo de tres meses.

El caso deja en evidencia el alto nivel de organización de estas bandas y la vulnerabilidad del mercado informal de compra y venta de vehículos, donde decenas de víctimas han resultado afectadas por este tipo de delitos.