La iniciativa llamada “Escuelas Protegidas” fue aprobada por el Congreso y ahora solo falta su promulgación para convertirse en ley. Su objetivo es ayudar a los establecimientos educacionales a actuar frente a situaciones graves de violencia.

La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la seguridad y la convivencia al interior de los establecimientos educacionales.

Con 105 votos a favor y 46 en contra, el proyecto completó su tramitación en el Congreso Nacional y quedó listo para convertirse en ley una vez que sea promulgado por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial.

La nueva normativa busca entregar más herramientas a las comunidades escolares para enfrentar hechos graves de violencia que afecten el normal funcionamiento de los colegios y el desarrollo de las clases.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación del proyecto y señaló que permitirá a los establecimientos contar con mecanismos más efectivos para actuar frente a situaciones que ponen en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

“La idea es que los colegios puedan implementar estas herramientas lo antes posible para enfrentar hechos de violencia y delitos que hoy impiden que existan ambientes seguros para el aprendizaje”, indicó la autoridad.

Durante su discusión en el Senado se realizaron algunas modificaciones al texto original, aunque desde el Ministerio de Educación aseguraron que el objetivo principal de la iniciativa se mantuvo intacto: fortalecer la convivencia escolar y resguardar el derecho de estudiantes y docentes a desarrollarse en entornos seguros.

Con este paso, la ley de Escuelas Protegidas quedó a la espera de los últimos trámites administrativos para entrar oficialmente en vigencia en todo el país.

Auditoría reveló que la Central de Abastecimiento concentró el mayor volumen de compras directas del Estado durante la administración anterior. Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos aseguran que llevan años alertando sobre esta práctica y advierten consecuencias para la transparencia y la seguridad del suministro de fármacos.

Una auditoría gubernamental encendió las alarmas en el sector salud tras revelar que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) realizó compras por cerca de US$700 millones mediante tratos directos durante la administración anterior, convirtiéndose en el organismo público con mayor concentración de adquisiciones sin licitación del país.

La cifra no solo supera ampliamente a otros organismos estatales, sino que también reavivó las críticas de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, entidad que asegura haber advertido reiteradamente sobre esta situación tanto a CENABAST como a la Comisión de Salud del Senado.

“El número nos sorprendió por su magnitud”, afirmó Claudia Papic, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, quien sostuvo que la diferencia entre CENABAST y el resto de las instituciones auditadas “habla por sí sola”.

Según los antecedentes dados a conocer, el segundo organismo con mayor volumen de compras directas fue el Registro Civil, con US$350 millones, mientras que el tercero alcanzó US$56 millones, cifras considerablemente menores a las registradas por la central encargada del abastecimiento de medicamentos e insumos para la red pública de salud.

Alertan sobre falta de competencia y exclusión de la industria nacional

Desde la Cámara cuestionaron que adquisiciones de tal magnitud se hayan realizado sin procesos competitivos amplios y sin una consideración efectiva de la capacidad productiva instalada en el país.

Papic sostuvo que la industria farmacéutica nacional cuenta con infraestructura, conocimiento técnico y capacidad para responder a las necesidades de abastecimiento del sistema público, por lo que considera que el Estado está desaprovechando un activo estratégico para el país.

La dirigente afirmó que cuando se ejecutan compras por cientos de millones de dólares sin licitación ni competencia abierta, no solo se generan dudas respecto de la transparencia de los procesos, sino que también se pone en riesgo la disponibilidad futura de medicamentos para la población.

Temor por dependencia de proveedores externos

Uno de los puntos más sensibles planteados por la industria apunta a la dependencia de proveedores y cadenas de suministro internacionales.

Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos recordaron que durante la pandemia quedaron en evidencia las vulnerabilidades asociadas a depender exclusivamente de mercados externos para el acceso a medicamentos e insumos críticos.

A juicio del gremio, la ausencia de una estrategia que fortalezca la producción nacional podría traducirse en problemas de abastecimiento, retrasos en las entregas y mayores riesgos frente a futuras contingencias sanitarias.

Piden cambios estructurales

La organización aseguró que la investigación de los antecedentes revelados por la auditoría es necesaria, pero enfatizó que el debate debe avanzar hacia una revisión profunda del modelo de compras públicas en salud.

En esa línea, plantearon la necesidad de diseñar una estrategia de abastecimiento que incorpore de manera efectiva a la industria farmacéutica nacional, fortaleciendo la seguridad sanitaria del país y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

“La industria local está disponible para dar respuesta a las necesidades de las personas que atiende la red pública de salud”, señalaron desde la entidad, insistiendo en que una mayor participación de los laboratorios nacionales podría contribuir a mejorar la sostenibilidad y resiliencia del sistema sanitario chileno.

La fiscal de Chillán, Maritza Camus Vega, obtuvo la prisión preventiva para Bryan Tapia Moya (22) y para Martín Riffo Morales (19), y el arresto domiciliario total para el adolescente B.I.R.G (16), quienes fueron formalizados por dos delitos de robo con intimidación cometidos en Bulnes y en Chillán. En ambos casos actuaron con un arma de apariencia de fuego y en uno de ellos, incluso, dispararon para intimidar a una víctima, sin que, afortunadamente, ésta resultara herida.

La fiscal explicó que a las 10:30 horas de ayer miércoles, el grupo llegó hasta una verdulería del sector Santa Clara, en Bulnes, donde tras intimidar con el arma y un fierro a la dueña del local le sustrajeron 70 mil pesos y su celular. Fue en este robo, donde, incluso, percutaron dos tiros para asegurar su cometido.

Luego, a las 12:30 horas, en el sector Colonia Bernardo O´Higgins, en Chillán, asaltaron un minimarket. En este lugar repitieron la acción, pero además golpearon con el arma a una clienta en la cabeza, a quien le robaron un monedero. A la dependiente del negocio le sustrajeron su cartera y la caja recaudadora.

Los antisociales huyeron en un vehículo que fue interceptado por Carabineros a la altura del kilómetro 410 de la Ruta 5 Sur, lográndose la detención de los tres autores de estos delitos.

La fiscal Maritza Camus expuso en la audiencia de formalización que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva para los adultos. En el caso del adolescente, quedó privado de libertad en el domicilio que fijó.

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía, la que se realiza con Carabineros.

Desde este 30 de abril y cada jueves, cerca de 25.000 personas en todo Chile podrán ser seleccionadas al azar para pagar $10 por el total de su boleta en cualquiera de los más de 650 locales del país.

Si andas por una Farmacia Dr. Simi cualquier jueves del año, quizás ese día te toque a ti. Desde este 30 de abril, la cadena farmacéutica lanzará los “Jueves de Bondad”, una iniciativa que seleccionará de manera aleatoria a un cliente por local para pagar solo $10 por su compra completa, sin importar el monto total de la boleta.

Con más de 650 locales operando desde Arica hasta Punta Arenas, la acción beneficiará cada semana a cerca de 25.000 personas en todo Chile. No hay inscripción previa ni condición especial: basta con realizar una compra durante la jornada del jueves para tener la posibilidad de ser el ganador o ganadora del día en esa sucursal.

La iniciativa no es nueva para Dr. Simi. Los Jueves de Bondad han sido durante años un espacio para visibilizar distintas realidades sociales, apoyar organizaciones y generar gestos concretos de ayuda en comunidades a lo largo del país. Esta edición, sin embargo, amplía ese espíritu directamente hacia los clientes de sus farmacias, convirtiendo una compra cotidiana en una experiencia inesperada y significativa.

La activación comenzará este jueves 30 de abril de forma simultánea en todas las sucursales del país.

Una innovadora herramienta gratuita basada en inteligencia artificial permite verificar capturas de pantalla en tiempo real, frenando la desinformación antes de que se vuelva viral.

En medio del creciente avance de la desinformación en redes sociales, Chile da un paso clave con el lanzamiento de la primera plataforma gratuita que permite verificar la veracidad de imágenes virales en cuestión de segundos. Se trata de una herramienta desarrollada por la startup SearchBrand.ai, que busca enfrentar uno de los mayores problemas del ecosistema digital actual: la rápida propagación de contenidos falsos o sacados de contexto.

Disponible en https://searchbrand.news, la plataforma permite a cualquier usuario subir una captura de pantalla y obtener un análisis inmediato basado en inteligencia artificial. El sistema identifica la afirmación principal contenida en la imagen y la contrasta en tiempo real con información proveniente de medios de comunicación y otras fuentes públicas.

La iniciativa surge en un escenario donde las imágenes manipuladas o engañosas se viralizan con facilidad, muchas veces sin ningún tipo de verificación previa. A diferencia de los métodos tradicionales de fact-checking en Chile —que suelen depender de procesos periodísticos manuales—, esta solución apuesta por la automatización y la participación activa de los usuarios.

“El problema no es solo la desinformación, sino la velocidad con que se mueve. Muchas veces, una imagen falsa ya se hizo viral antes de que alguien alcance a revisarla. El uso de inteligencia artificial para generar contenido falso va a seguir creciendo, y la única forma de equilibrarlo es usar la misma tecnología para verificar, con criterios claros y fuentes trazables”, explicó Hussam Sufan, CEO de SearchBrand.ai.

El funcionamiento es simple: el usuario carga una imagen, la plataforma “lee” su contenido, interpreta lo que se está afirmando y realiza una búsqueda en línea para comprobar si existen antecedentes que respalden o contradigan esa información. El resultado se presenta junto a un veredicto y enlaces directos a las fuentes utilizadas, permitiendo una revisión transparente.

“Lo que hacemos no es dar una opinión, sino cruzar datos con información pública que cualquier persona puede revisar. La decisión final también queda en manos del usuario”, agregó Sufan.

Desde la empresa destacan que la efectividad del sistema depende en gran medida de la disponibilidad de información pública. En temas ampliamente cubiertos, los resultados son más concluyentes; mientras que en contenidos recientes o poco difundidos, la herramienta opta por clasificarlos como “no verificables” para evitar errores.

Actualmente, la plataforma está enfocada en imágenes con texto, pero sus desarrolladores ya proyectan expandir sus capacidades a videos y audios, con el objetivo de ofrecer una verificación aún más completa y accesible.

Con este lanzamiento, Chile se posiciona a la vanguardia en el uso de inteligencia artificial para combatir la desinformación, entregando a los usuarios una herramienta concreta para pensar antes de compartir.

El Tribunal Calificador de Elecciones determinó que el partido cumple con los requisitos legales para mantenerse vigente, dejando sin efecto la resolución que ordenaba su disolución.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió acoger el reclamo presentado por el partido Evolución Política (Evópoli), dejando sin efecto la decisión del Servicio Electoral (Servel) que ordenaba su disolución y cancelación de inscripción en el Registro de Partidos Políticos.

La controversia se originó luego de que el Servel determinara que la colectividad no habría alcanzado el porcentaje mínimo de votación exigido por la ley en las últimas elecciones parlamentarias, lo que activaba el proceso de disolución. Sin embargo, Evópoli argumentó que sí cumplía con los requisitos legales, considerando la elección de parlamentarios en distintas regiones del país.

En su fallo, el Tricel concluyó que la normativa debe interpretarse de manera integral, considerando no solo el porcentaje de votos, sino también la representación parlamentaria efectiva del partido. En ese sentido, se estableció que Evópoli cuenta con diputados y senadores electos, lo que permite cumplir con las condiciones exigidas para mantener su existencia legal.

El tribunal también enfatizó que la disolución de un partido político constituye una medida de máxima gravedad dentro del sistema democrático, por lo que su aplicación debe estar debidamente fundamentada y ajustada estrictamente a la ley. En este caso, determinó que la resolución del Servel no cumplía con ese estándar.

Asimismo, el fallo advierte que una interpretación restrictiva podría afectar la representación política y el funcionamiento del sistema democrático, al excluir colectividades que sí cuentan con respaldo ciudadano y presencia institucional.

Con esta decisión, Evópoli mantendrá su inscripción en el Registro de Partidos Políticos y podrá continuar participando en la actividad política nacional, tanto en procesos electorales como en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

El dictamen del Tricel marca un precedente en la interpretación de la normativa sobre disolución de partidos, reforzando la relevancia de la representación parlamentaria y el resguardo del pluralismo político en Chile.

Una organización criminal con base en la Región del Biobío fue desbaratada tras un operativo de la PDI que permitió detener a 17 personas, acusadas de asaltar camiones en la Ruta 5 Sur, en distintos tramos entre el Maule y Puerto Montt.

El procedimiento, denominado “Operación Oculto Sur 1”, fue liderado por la Brigada de Investigación Criminal de Mulchén, comuna donde además se concentraba parte importante de la operación del grupo, ya que allí se trasladaban y distribuían las especies robadas.

De acuerdo con los antecedentes, la banda actuaba de manera organizada y con roles definidos. Mientras algunos integrantes interceptaban camiones en la ruta, otros se encargaban de ocultar, acopiar y comercializar la carga sustraída en el mercado informal.

Los asaltos se realizaban en distintos puntos de la Ruta 5 Sur, tanto en plena carretera como en zonas de detención, afectando directamente a transportistas que circulan a diario por esta vía. Entre las especies robadas se encontraban productos de consumo masivo como abarrotes, leche, útiles de aseo y bebidas alcohólicas.

Durante los allanamientos, la policía incautó armas de fuego, municiones, droga —incluyendo cannabis y clorhidrato de cocaína—, además de vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, joyas, herramientas, equipos tecnológicos y alimentos destinados a exportación.

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Michelangelo Bianchi, destacó que la investigación permitió abordar un fenómeno delictual complejo, vinculado al robo sistemático de camiones en la Ruta 5 Sur, mediante el uso de diversas técnicas investigativas.

Este caso vuelve a evidenciar un problema que afecta directamente a quienes utilizan esta carretera. Según cifras del sector, en Chile se roban cerca de 300 camiones al año, lo que equivale a prácticamente uno diario.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén y serán formalizados por delitos como asociación criminal, robo con violencia e intimidación, receptación, abigeato e infracciones a la Ley de Drogas y de Armas.

El operativo desarticula a esta banda del Biobío, pero confirma una preocupación persistente en la Ruta 5 Sur: el robo de camiones sigue siendo un delito activo y de alto impacto para quienes viven y trabajan en torno a esta vía.

A partir del 15 de abril, las transferencias electrónicas desde CuentaRUT de BancoEstado hacia otros bancos dejarán de tener costo, eliminando el cobro de $300 por operación que hasta ahora debían pagar los usuarios. La medida impacta directamente en el bolsillo de millones de personas, especialmente trabajadores, beneficiarios de subsidios y pequeños emprendedores que utilizan esta cuenta como principal medio de pago.

El cambio implica que, por ejemplo, quienes realizan transferencias frecuentes —como pagos de arriendo, compras o envío de dinero a familiares— dejarán de pagar este cargo en cada movimiento, generando un ahorro acumulado significativo a fin de mes. Hasta ahora, este cobro se aplicaba cada vez que se transfería dinero a cuentas de otros bancos.

La eliminación del costo se suma a otras operaciones que ya eran gratuitas dentro de BancoEstado, como transferencias entre clientes del mismo banco, giros en CajaVecina y cajeros de la institución, consolidando un sistema de uso más accesible para los usuarios.

Con este cambio, CuentaRUT se posiciona como una de las cuentas más económicas del sistema financiero, facilitando el uso de medios digitales y reduciendo barreras para quienes dependen de este instrumento en su vida diaria.

Pescadores Industriales del Biobío apuntan a productos vendidos en supermercados, incluyendo marcas reconocidas y de retail, lo que amplifica el impacto en los hogares.

La asociación gremial Pescadores Industriales del Biobío presentó una denuncia ante la Seremi de Salud Metropolitana contra cinco marcas por la comercialización de “falso jurel chino”, es decir, productos importados desde China que se venden como jurel, pero que en realidad corresponderían a caballa.

Las marcas involucradas son San Remo, Esmeralda, De Reyes, Deyco y Misol, todas con presencia en supermercados y canales de venta masiva a lo largo del país, lo que aumenta la preocupación por el alcance que podría tener este eventual engaño en los consumidores.

Desde el gremio advirtieron que este tipo de casos no es aislado. En denuncias anteriores ya se detectaron situaciones similares que involucraron marcas ampliamente reconocidas por los consumidores, como Acuenta —marca propia de Supermercados Líder, perteneciente a Walmart y con presencia a nivel nacional— además de otras líneas de alto consumo.

Según los antecedentes presentados, la denuncia actual se basa en cinco estudios del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, los que confirmaron mediante análisis molecular que los productos etiquetados como jurel (Trachurus murphyi) contienen caballa (Scomber spp.).

A raíz de estos resultados, el gremio solicitó iniciar un sumario sanitario, retirar los productos del mercado para su reetiquetado y aplicar sanciones por eventuales infracciones al Reglamento Sanitario de los Alimentos.

La presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, advirtió que el principal problema es el engaño directo a las personas.

“Las personas compran un producto esperando una cosa y reciben otra. Se vulnera el derecho básico a elegir informado, porque la etiqueta no refleja el contenido real”, afirmó.

Además, subrayó que el impacto es mayor justamente porque se trata de productos de consumo cotidiano.

“No estamos hablando de nichos pequeños, sino de alimentos presentes en la mesa de miles de familias. Por eso esto es especialmente grave”, enfatizó.

El gremio también alertó que este fenómeno forma parte de un problema global. Según la FAO, cerca del 20% del comercio mundial de productos del mar presenta irregularidades como sustitución de especies, etiquetado engañoso o falsificación de origen.

Ante este escenario, hicieron un llamado a reforzar la fiscalización y mejorar la trazabilidad de los productos importados, especialmente desde China, para evitar que este tipo de situaciones se repita.

Asimismo, recomendaron a los consumidores revisar el origen de los productos y preferir aquellos que indiquen claramente su procedencia, sugiriendo buscar la bandera chilena en los envases.

Finalmente, advirtieron que estos casos no solo afectan a los consumidores, sino que también dañan la confianza en el mercado y contrastan con la reputación del jurel chileno, reconocido internacionalmente por sus estándares de calidad y sostenibilidad.

La Directora Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Virginia Alvayay, sostuvo un saludo protocolar con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán, ministra Paulina Gallardo, instancia que permitió abordar materias vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes en la Región de Ñuble.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron en torno a los desafíos asociados a procesos judiciales en materias como adopción y acogimiento familiar, destacando el rol del Poder Judicial en la restitución de derechos y en la generación de entornos protectores para la niñez y adolescencia. Asimismo, se relevó la importancia de fortalecer la articulación interinstitucional frente al aumento de ingresos a residencias de protección.

Al respecto, Alvayay señaló que “esta reunión fue una valiosa oportunidad para compartir con la nueva presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán la realidad que observamos en Ñuble en materia de protección. Detrás de cada causa existen historias profundamente significativas para niños, niñas y adolescentes, así como para sus familias”.

“Como Servicio, creemos que la articulación con el Poder Judicial es fundamental para fortalecer la respuesta frente a situaciones de vulneración de derechos, contribuyendo a su reparación y restitución. Estos espacios de diálogo permiten relevar la importancia de situar siempre en el centro el bienestar de la niñez y adolescencia”, precisó Alvayay.

La instancia fue valorada como una oportunidad para compartir visiones sobre el funcionamiento de la Red de Protección en Ñuble, destacando la relevancia de avanzar en respuestas integrales y en la consolidación de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes.