La fiscal de Chillán, Maritza Camus Vega, obtuvo la prisión preventiva para Bryan Tapia Moya (22) y para Martín Riffo Morales (19), y el arresto domiciliario total para el adolescente B.I.R.G (16), quienes fueron formalizados por dos delitos de robo con intimidación cometidos en Bulnes y en Chillán. En ambos casos actuaron con un arma de apariencia de fuego y en uno de ellos, incluso, dispararon para intimidar a una víctima, sin que, afortunadamente, ésta resultara herida.

La fiscal explicó que a las 10:30 horas de ayer miércoles, el grupo llegó hasta una verdulería del sector Santa Clara, en Bulnes, donde tras intimidar con el arma y un fierro a la dueña del local le sustrajeron 70 mil pesos y su celular. Fue en este robo, donde, incluso, percutaron dos tiros para asegurar su cometido.

Luego, a las 12:30 horas, en el sector Colonia Bernardo O´Higgins, en Chillán, asaltaron un minimarket. En este lugar repitieron la acción, pero además golpearon con el arma a una clienta en la cabeza, a quien le robaron un monedero. A la dependiente del negocio le sustrajeron su cartera y la caja recaudadora.

Los antisociales huyeron en un vehículo que fue interceptado por Carabineros a la altura del kilómetro 410 de la Ruta 5 Sur, lográndose la detención de los tres autores de estos delitos.

La fiscal Maritza Camus expuso en la audiencia de formalización que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva para los adultos. En el caso del adolescente, quedó privado de libertad en el domicilio que fijó.

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía, la que se realiza con Carabineros.

Una organización criminal con base en la Región del Biobío fue desbaratada tras un operativo de la PDI que permitió detener a 17 personas, acusadas de asaltar camiones en la Ruta 5 Sur, en distintos tramos entre el Maule y Puerto Montt.

El procedimiento, denominado “Operación Oculto Sur 1”, fue liderado por la Brigada de Investigación Criminal de Mulchén, comuna donde además se concentraba parte importante de la operación del grupo, ya que allí se trasladaban y distribuían las especies robadas.

De acuerdo con los antecedentes, la banda actuaba de manera organizada y con roles definidos. Mientras algunos integrantes interceptaban camiones en la ruta, otros se encargaban de ocultar, acopiar y comercializar la carga sustraída en el mercado informal.

Los asaltos se realizaban en distintos puntos de la Ruta 5 Sur, tanto en plena carretera como en zonas de detención, afectando directamente a transportistas que circulan a diario por esta vía. Entre las especies robadas se encontraban productos de consumo masivo como abarrotes, leche, útiles de aseo y bebidas alcohólicas.

Durante los allanamientos, la policía incautó armas de fuego, municiones, droga —incluyendo cannabis y clorhidrato de cocaína—, además de vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, joyas, herramientas, equipos tecnológicos y alimentos destinados a exportación.

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Michelangelo Bianchi, destacó que la investigación permitió abordar un fenómeno delictual complejo, vinculado al robo sistemático de camiones en la Ruta 5 Sur, mediante el uso de diversas técnicas investigativas.

Este caso vuelve a evidenciar un problema que afecta directamente a quienes utilizan esta carretera. Según cifras del sector, en Chile se roban cerca de 300 camiones al año, lo que equivale a prácticamente uno diario.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén y serán formalizados por delitos como asociación criminal, robo con violencia e intimidación, receptación, abigeato e infracciones a la Ley de Drogas y de Armas.

El operativo desarticula a esta banda del Biobío, pero confirma una preocupación persistente en la Ruta 5 Sur: el robo de camiones sigue siendo un delito activo y de alto impacto para quienes viven y trabajan en torno a esta vía.

El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y dejó firme la pena de 541 días de presidio efectivo contra el acusado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

La Corte Suprema confirmó la condena contra Gustavo Adolfo Concha Neira, sentenciado a 541 días de presidio efectivo por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, cometido en febrero de 2024 en la comuna de San Carlos, Región de Ñuble.

En fallo dividido (causa rol 27.879-2025), la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, descartando vulneraciones al debido proceso durante el procedimiento policial que derivó en la detención.

El fallo estableció que la actuación de la policía se ajustó a derecho, señalando que el control de identidad y la posterior revisión del vehículo y vestimentas del imputado contaban con indicios suficientes. “No se observa arbitrariedad (…) al ceñirse los funcionarios policiales a la normativa legal que los rige”, consigna la resolución.

De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento se originó en el contexto de una investigación previa por tráfico de drogas que involucraba a otro imputado, quien mantenía una orden de detención vigente. En ese marco, funcionarios policiales fiscalizaron el vehículo en que ambos se trasladaban, conducido por Concha Neira.

Durante la revisión, se encontró droga en poder de los involucrados y en el interior del automóvil, incluyendo cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y otros elementos asociados al microtráfico, como una balanza digital y dinero en efectivo.

El tribunal concluyó que el hallazgo se produjo en situación de flagrancia, lo que justificó el actuar policial conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.

Asimismo, la Corte Suprema descartó los argumentos de la defensa respecto a supuestas falencias en la fundamentación de la sentencia, señalando que el tribunal de juicio oral analizó de manera clara y coherente las pruebas presentadas.

Con esta resolución, el máximo tribunal dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, cerrando el proceso judicial y confirmando la responsabilidad penal del acusado por un delito de microtráfico en la Región de Ñuble.

El tribunal descartó la legítima defensa y acreditó que el imputado abrió fuego tras una discusión, causando la muerte de una de las víctimas y lesiones a su pareja.

Un violento hecho ocurrido en la comuna de Ñiquén terminó con un veredicto condenatorio en contra de Miguel Ángel Tapia Astudillo, acusado de asesinar a un hombre y herir a su esposa tras dispararles con un arma de fuego en el sector Canchiuque.

La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello Peña, acreditó en juicio que el imputado, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en el fundo Santa Fresia de Catillo, protagonizó una discusión con las víctimas la tarde del martes 16 de abril de 2024, momento en que extrajo un arma y efectuó disparos contra ambos.

Producto del ataque, Miguel Ángel Falcón Garrido recibió un impacto en el tórax, mientras que su esposa, Katherine Monrroy Yañez, resultó con una herida en la zona media del cuerpo. Ambos fueron trasladados de urgencia al Centro de Salud Familiar de San Gregorio y posteriormente derivados al Hospital de San Carlos, donde el hombre falleció a raíz de la gravedad de sus lesiones.

Tras el hecho, el imputado se entregó voluntariamente a Carabineros de la misma localidad.

Durante el juicio, la defensa intentó acreditar una supuesta legítima defensa, argumento que fue descartado por el tribunal. “De acuerdo con el mérito de los antecedentes vertidos en el juicio, no se constataron los elementos que la componen”, señaló el fallo.

El Ministerio Público está solicitando una pena de 12 años de presidio por el delito de homicidio y 540 días por las lesiones menos graves causadas a la mujer.

La sentencia será dada a conocer el 23 de este mes, en un caso investigado por la Fiscalía junto a la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares.

La imputada fue formalizada por 21 delitos y, según la Fiscalía, integraba una organización que operaba en varias regiones utilizando cheques sin fondos para apropiarse de vehículos.

Una verdadera red delictual dedicada a engañar a vendedores y compradores de vehículos en distintas regiones del país quedó al descubierto tras la formalización de una de sus integrantes, quien fue enviada a prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de Chillán.

Se trata de Úrsula Astete San Martín, imputada por 21 delitos de estafa reiterada, uso malicioso de instrumento privado mercantil y asociación delictiva, en una investigación liderada por la Fiscalía de Chillán junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Metropolitana.

Según expuso en audiencia la fiscal (s) Valentina Hormazábal, la banda operaba con un mecanismo tan simple como fraudulento: contactaban a vendedores de vehículos, simulaban compras y pagaban con cheques sin fondos, robados o de cuentas cerradas. Luego, revendían esos mismos automóviles a nuevas víctimas, quienes pagaban en efectivo creyendo estar frente a una transacción legítima.

El esquema delictual se replicó en diversas ciudades del país, entre ellas Chillán, Ovalle, Talca, San Javier, Valdivia y distintas comunas de la Región Metropolitana, donde al menos seis imputados cumplían roles definidos para concretar las estafas.

Para el Ministerio Público, la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la medida cautelar más gravosa.

Tras la audiencia, la mujer fue trasladada hasta la cárcel de Temuco, ciudad donde mantiene residencia, mientras se desarrolla la investigación, que tendrá un plazo de tres meses.

El caso deja en evidencia el alto nivel de organización de estas bandas y la vulnerabilidad del mercado informal de compra y venta de vehículos, donde decenas de víctimas han resultado afectadas por este tipo de delitos.

Tribunal de alzada rechazó recurso de nulidad y ratificó penas que incluyen más de 17 años de cárcel para el líder de la organización que operaba en Chillán, San Carlos y Parral.

La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó las condenas dictadas contra una banda criminal dedicada a cometer robos con violencia e intimidación, tráfico de drogas y delitos vinculados a armas de fuego, luego de rechazar el recurso de nulidad presentado por las defensas.

En fallo unánime (causa rol 64-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Guillermo Arcos, Claudio Arias y el fiscal judicial Solón Vigueras– resolvió mantener la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, ratificando las penas impuestas a los integrantes de la organización que operó entre agosto y octubre de 2024 en la ciudad de Chillán y en las comunas de San Carlos y Parral.

La resolución confirmó la condena más alta para Ronaldo Roberto Vilches Pizarro, identificado como líder de la banda, quien deberá cumplir 17 años y seis meses de presidio efectivo como autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de hurto simple. A ello se suman 7 años de presidio y una multa de 40 UTM por tráfico de drogas, 5 años y un día por asociación criminal, 4 años por tenencia ilegal de arma de fuego y 818 días de presidio por tenencia ilegal de municiones.

También se confirmó la condena contra Luis Israel López Zapata, quien fue sentenciado a 12 años de presidio por dos delitos de robo con violencia e intimidación y 4 años de cárcel por asociación criminal.

En tanto, Diego Esteban Lara Henríquez fue condenado a 3 años y un día de presidio por asociación criminal y 541 días de presidio como encubridor del delito de robo con intimidación.

Por su parte, el menor identificado con las iniciales J.I.R.U. recibió una sanción de 3 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, además de 2 años de libertad asistida especial, como coautor de dos delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de hurto simple.

Una estructura criminal organizada

En su resolución, la Corte descartó los argumentos de las defensas que sostenían que no existía una asociación criminal.

“Se acreditaron al menos cuatro hechos delictivos sucesivos (…) Esta reiteración delictiva bajo un mismo modus operandi demuestra fehacientemente que no se está frente a una coautoría ocasional, sino ante una estructura que sobrevivía a cada ilícito, lista para el siguiente”, sostiene el fallo.

El tribunal explicó además que la diferencia entre coautoría y asociación criminal radica en que esta última implica la existencia de una organización destinada a cometer delitos, lo que genera un riesgo permanente para la sociedad.

Roles dentro de la banda

Durante el juicio se estableció que los acusados integraban una estructura criminal con funciones definidas.

El líder era Ronaldo Vilches Pizarro, encargado de organizar los delitos y asignar funciones dentro de la banda. Luis López Zapata cumplía un rol operativo facilitando el vehículo utilizado para movilizarse en los atracos.

El menor J.I.R.U. tenía un papel activo en la intimidación a las víctimas, participando en los robos de vehículos y en la posterior venta de equipos tecnológicos sustraídos.

Por su parte, Diego Lara Henríquez actuaba como receptor de los equipos robados, los formateaba y coordinaba puntos de encuentro para la banda desde su local comercial Servicell, ubicado en la ciudad de San Carlos, además de advertirles cuando la policía realizaba búsquedas.

Violentos robos en distintas comunas

Entre los hechos acreditados se encuentra un robo ocurrido el 16 de agosto de 2024 en la villa Emmanuel de Chillán, donde las víctimas fueron abordadas con armas de fuego. Los delincuentes apuntaron directamente al rostro de una de ellas, la empujaron fuera del vehículo y golpearon al conductor antes de huir con el automóvil.

Al día siguiente, el 17 de agosto, la banda volvió a atacar, obligando a otras víctimas a descender de su vehículo para sustraerlo junto con diversas especies.

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2024, dos de los acusados robaron una camioneta en la comuna de Parral aprovechando que su propietario la había dejado con las llaves puestas mientras realizaba compras en un local cercano.

Una semana después, el 14 de septiembre, los delincuentes perpetraron otro violento robo en la misma comuna, intimidando a un conductor con un arma de fuego, golpeándolo en la cabeza y escapando con su automóvil.

El último hecho se registró el 17 de octubre de 2024, cuando la policía ejecutó una orden de entrada y registro en un domicilio de Vilches Pizarro en San Carlos. En el lugar se encontró droga en su poder y posteriormente, en un local comercial de su propiedad, se incautó cocaína, un revólver y municiones, sin contar con autorización legal para su tenencia.

Con la decisión de la Corte de Apelaciones de Chillán, las condenas quedaron firmes, ratificando la responsabilidad penal de los integrantes de esta organización criminal que operó en distintas comunas del centro sur del país.